REPUBLICA DOMINICANA; Tras la fuertes denuncia de que el narcotráfico estaría siendo dirigido por la policía en Azua, provincia situada al Sur del país, el jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, intervino la mañana de este miércoles esa dotación y dispuso total trasladado de los 194 oficiales superiores, subalternos y alistados, para ser investigados con relación a hechos violentos relacionados con el crimen organizado y a la denuncia del senador por Peravia, Winston Guerrero, asegura una nota de esa institución llegada a “Olfateado Crimen”.
El jefe policial dijo que los agentes fueron trasladados a Santo Domingo para ser investigados en Asuntos Internos de la institución en torno a la imputación del congresista, al tiempo de dejar claro que la medida “no se quedará en un traslado y nada más”.
El mayor general Guzmán Fermín hizo la afirmación durante un desayuno dedicado a los periodistas que cubren la fuente policial.
Advirtió, además, que aquellos agentes que estén involucrados en asuntos de drogas serán sancionados y cancelados, sin importar rangos, y enviados a los tribunales para que respondan por sus hechos, pero que los agentes del orden serios y responsables pueden estar tranquilos y seguros de que no tendrán ningún problema.
Dijo que tan pronto se registró ese incidente se trasladó a Azua para percatarse de manera personal de la situación, la cual aseguró, le pareció extraña por lo que dispuso de inmediato una investigación.
Explicó que con relación a esa denuncia ya la Procuraduría General de la República designó a dos fiscales adjuntos para investigar y establecer responsabilidades.
Dijo que los oficiales implicados en un tumbe de drogas en el que fueron muertos un teniente, un sargento y dos civiles en Azua, fueron remitidos a la justicia para que respondan por sus fechorías.
No obstante, el jefe policial valoró como positivos los esfuerzos que realiza la institución que dirige para contrarrestar el crimen organizado.
Expresó que la República Dominicana se encuentra junto a Chiles y Uruguay como los tres países más seguros de América Latina, lo que atribuyó a los niveles de eficiencia adquiridos por la institución.
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